EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL SALVADOR
A mediados del siglo XIX, al desaparecer la federación centroamericana, El Salvador tenía un régimen económico elemental. Carecía de un sistema monetario. Circulaban las monedas de oro y plata de España y de varios países americanos como Chile, Perú, Bolivia, México y los Estados Unidos.
En ese entonces, El Salvador producía añil, panela, café, arroz, bálsamo, hule, maíz, tabaco, almidón, brozas minerales, almidón, cueros de res y artesanías, entre otros productos, y eran los comerciantes europeos los que otorgaban los préstamos a los agricultores, compraban la producción y la exportaban. Con los giros obtenidos pagaban el valor de las importaciones de manufacturas que vendían al contado y al crédito.
Primeros Bancos en El Salvador:
Fue hasta en 1880 que empezó a funcionar el Banco Internacional de El Salvador como banco privado emisor de billetes. El banco fue fundado mediante un contrato entre el Ministro de Hacienda, don Pedro Meléndez y don J. F. Medina, el 5 de abril de 1880. Tenía la facultad de emitir billetes de curso legal, pagados a la vista y al portador. Le fue concedida la facultad de emisión exclusiva por 25 años.
El Banco Salvadoreño, que había nacido en 1885 con el nombre de Banco Particular de El Salvador, fue creado por una concesión del Ministerio de Fomento a los señores Mauricio Duke y Francisco Camacho. A éste también se le dio la facultad de emitir billetes pagaderos a la vista al portador y se le autorizó para negociar con el Banco Internacional su permiso para que sus billetes tuvieran curso legal. Fue en 1891 que cambió su nombre a Banco Salvadoreño.
El Banco Occidental nació en noviembre de 1889. Fue fundado por don León Dreyfus y don Emilio Alvarez y funcionaba en Santa Ana. También obtuvo la facultad de emitir billetes pagaderos a la vista y al portador.
El Banco Agrícola Comercial fue fundado en 1895, por los señores José González Asturias y Rodolfo Duke. A éste se le facultó para emitir billetes al portador, al igual que a los otros bancos fundados anteriormente.
Para 1898 funcionaban en el país cinco bancos: el Banco Internacional , el Banco Salvadoreño, el Banco Occidental, el Banco Industrial y el Banco Agrícola Comercial.
Creación del Banco Central
El 19 de junio de 1934, el Banco Agrícola Comercial se convierte en Banco Central de Reserva de El Salvador, centralizándose la emisión de billetes. El Banco Central nace como una sociedad anónima de economía mixta, en la que participaron los bancos que dejaron de ser emisores, la Asociación Cafetalera de El Salvador y accionistas particulares.
Los bancos privados emisores existentes a esa fecha renunciaron a su derecho de emisión. La emisión de billetes de los Bancos Agrícola Comercial, Salvadoreño y Occidental se centralizó en una sola institución: el Banco Central de Reserva de El Salvador. Dentro de las funciones que se le definieron al ser creado, estaba la de ser el "Banco de Bancos". Por esta razón, los bancos se vieron obligados por la Ley del Banco Central, a mantener un 10% de sus depósitos en efectivo, como reserva en el Banco Central.
La banca salvadoreña y el desarrollo económico del país
En 1952, el Gobierno del Coronel Oscar Osorio, utilizó los servicios de dos expertos del Fondo Monetario Internacional para investigar los siguientes puntos: si la capacidad financiera de El Salvador era suficiente para permitir un ritmo de desarrollo económico superior al que había tenido hasta entonces; si la política monetaria y crediticia, seguida hasta el momento, era la más adecuada para lograr ese mayor ritmo de desarrollo económico; y si deberían introducirse cambios de estructura y de orientación en el sistema bancario, a fin de que éste respondiera mejor a las necesidades de progreso del país.
La Misión del Fondo diagnosticó que "la estructura de la banca salvadoreña solamente podía considerarse aceptable si la actitud de los salvadoreños fuera pasiva ante la necesidad de impulsar el desarrollo de la economía nacional". Les pareció insuficiente la estructura financiera existente, sobre todo por falta de instrumentos de acción. Consideraron improbable que la banca entrara en ciertos campos crediticios de fomento al desarrollo económico, por lo que el Gobierno debería asegurarse de cubrirlos. Con esta visión desarrollista, el Gobierno comenzó a preparar el camino para que el sistema financiero apoyara el desarrollo económico del país.
Estatización del Banco Central de Reserva de El Salvador
En 1961, se decretó la Ley de Reorganización de la Banca de la Nación, que convertía al Banco Central de Reserva de sociedad anónima en entidad del Estado. Ese mismo año, en diciembre, se promulgó la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. En ella, se le facultó para que realizara las funciones reguladoras y fiscalizadoras de las instituciones bancarias, a través de la Superintendencia del Sistema Financiero, que nació adscrita al Banco Central.
En ésta Ley se creó también el Fondo de Desarrollo Económico, cuyo objetivo era : financiar el desarrollo económico, definido como "un proceso de inversiones, sostenido y persistente que hace posible aplicar la tecnología intensiva y extensivamente en la producción".
Creación de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras
La Ley del Banco Central de 1961 incorporó a la Superintendencia de Bancos al Banco Central de Reserva, y le concedió la máxima jerarquía. Sus atribuciones fueron definidas como: hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a los bancos o instituciones financieras bajo su control; fiscalizar todas las operaciones y actividades del Banco Central; vigilar las emisiones de especies monetarias y las operaciones de impresión, acuñación, emisión, canje, retiro, cancelación, desmonetización, incineración y custodia de las especies; y velar por la buena mar- cha de los bancos y demás instituciones financieras, vigilando su solvencia y liquidez, el nivel de sus encajes y la corrección de sus operaciones, entre otras.
Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamo e Instituciones de Crédito
y Organizaciones Auxiliares
En septiembre de 1970, se decretó la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares -LICOA- con el objetivo de normar las operaciones de éstas instituciones en aspectos que no estaban contemplados en el Código de Comercio vigente. La Ley definía a las instituciones de crédito como los entes intermediarios en el mercado financiero que actúan obteniendo fondos del público, por medio de los depósitos o la emisión, para colocarlos total o parcialmente en operaciones activas de crédito o inversión. También definía a las instituciones de ahorro y préstamo, en su artículo 108. Estas instituciones se dedicaban a la captación exclusiva de depósitos de ahorro y a proveer de crédito para la construcción y adquisición de vivienda.
Esta Ley determinó al Banco Hipotecario de El Salvador, la Federación de Cajas de Crédito, al Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial, la Financiera Nacional de la Vivienda, la Compañía Salvadoreña de Café y demás instituciones financieras establecidas por el Estado, como instituciones oficiales de crédito, que se regían por sus leyes especiales. Por otra parte, definía como organizaciones auxiliares de crédito las que prestaban servicios de tesorería y caja, de almacenes generales de depósito, de bolsa de valores y mercancías u otras organizaciones auxiliares no especificadas.
La aplicación de esta Ley, así como las sanciones que se establecieron en la Ley Orgánica del Banco Central, correspondía a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como también ejercer la inspección y vigilancia permanente de las instituciones y velar por que se cumplieran las leyes y reglamentos aplicables.
En la década de 1970, el sistema financiero estaba constituido por bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, instituciones oficiales de crédito y organizaciones auxiliares de crédito. Los bancos que operaban entonces eran: Cuscatlán, Agrícola Comercial, Salvadoreño, de Comercio, de Desarrollo, Mercantil, Internacional, Capitalizador, de Crédito Popular, Hipotecario de El Salvador y de Fomento Agropecuario, así como también sucursales de Citibank, N. A. y del Banco de Londres y Montreal.
Junta Monetaria
En agosto de 1973, el Ministro de Economía sometió a la consideración del Poder Legislativo, el proyecto de Ley de Creación de la Junta Monetaria. El objetivo de su creación fue dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el Art. 143, de la Constitución Política de 1950 y dotar al Estado de un organismo eficaz para orientar la política monetaria en función del desarrollo económico.
La Junta Monetaria permitiría el cumplimiento del precepto constitucional de que el Estado dispusiera de un organismo adecuado para la formulación de las medidas de política monetaria que fueran necesarias. Las atribuciones de la Junta Monetaria fueron las mismas ejercidas por el Banco Central a esa fecha. Sin embargo, como se consideraba que las políticas fiscal y monetaria eran esenciales para la política económica, su formulación debería ser de responsabilidad directa de los funcionarios públicos vinculados con el proceso de desarrollo del país.
La Junta Monetaria estaba integrada por el Presidente de la República, quien presidía, el Ministro de Economía, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica y el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, quien actuaba como secretario de la Junta.
Nacionalización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo
Justificándose en las peculiares condiciones económicas que caracterizaban la economía salvadoreña a finales de la década de los 70, se tomó la determinación de nacionalizar el sistema financiero privado. Entre las razones que justificaron la acción estaban la siguientes: la extrema pobreza de la población; la concentración de la propiedad de las instituciones de crédito en un pequeño grupo de familias que abarcaban, además del negocio de la intermediación financiera, empresas en los sectores agropecuario, industrial y de servicios; la agudización de los problemas relacionados con la alta concentración de la riqueza y del ingreso; y la misma estructura de propiedad que hizo posible que los bancos privados se volvieran cómplices de la fuga de capital que se registró en los últimos dos años de la década y que demandaba la adopción de medidas que atacaran los factores limitativos estructurales subyacentes en el fondo de la crisis.
La nacionalización de la banca fue decretada el 7 de marzo de 1980 y tenía como objetivo promover una menor desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, mediante una nueva estructura de propiedad de las instituciones nacionalizadas, democratizar el crédito mediante la extensión de sus beneficios a los sujetos económicos que habían permanecido marginados y promover la utilización más racional del ahorro interno captado por el sistema financiero.
Los bancos permanecieron nacionalizados por más de una década, hasta que en 1990 se dio paso a un Programa de Fortalecimiento y Privatización del Sistema Financiero en preparación a una nueva privatización de la banca.
y asociaciones de ahorro y préstamo
En 1990, uno de los problemas fundamentales del sistema financiero era su estructura organizacional, pues estaba establecido como un régimen político y centralizado, donde el Gobierno dominaba el sistema en su conjunto, desde la formulación y ejecución de la política monetaria hasta la conducción administrativa individual de los bancos, que eran propiedad estatal. Esto permitía que el otorgamiento de créditos fuera de competencia del Gobierno y estuviera orientado hacia sectores, grupos o personas con mayor poder político.
Asimismo, como producto del problema de crisis económica y violencia que vivió el país entre 1980 y 1990 y de las graves deficiencias en los procesos de otorgamiento de créditos, la mora crediticia ascendía a más de US$434 millones, al 31 de diciembre de 1989. Esta situación había repercutido fuertemente en la liquidez y solvencia de las instituciones financieras.
El Banco Central de Reserva inició un Programa de Fortalecimiento y Privatización del Sistema Financiero con el objetivo de convertir el sistema en promotor del desarrollo económico y social, de fortalecer y sanear las instituciones para privatizarlas, con el fin de lograr una base amplia de accionistas que, garantizara el correcto funcionamiento, a través de una mayor eficiencia y competitividad.
La etapa de saneamiento y rehabilitación de las instituciones financieras consistió en restituir directamente, a través de aportes de capital o indirectamente mediante la compra de cartera morosa, el patrimonio neto adecuado a los bancos, para que pudieran respaldar a los depositantes, apoyar el crecimiento de la economía y cumplir con los requisitos mínimos de capital y reservas que exigía la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Dentro de la rehabilitación de las instituciones, el objetivo esencial al reestructurar las instituciones fue dotar al país de bancos e instituciones financieras eficientes para apoyar el desarrollo económico nacional. Así, con base en el artículo 137 de la Ley del Régimen Monetario, la Superintendencia del Sistema Financiero procedió a intervenir a los Bancos Capitalizador, de Crédito Popular y Mercantil, por encontrarse con los mayores índices de mora en sus carteras de crédito, baja rentabilidad, sin viabilidad futura y con alto riesgo para los depósitos del público. El propósito fue el restablecimiento del equilibrio financiero, disolución o liquidación, según el caso.
Se adoptó el proceso de absorción de operaciones activas y pasivas, consistente en traspasar las sucursales y agencias de los bancos intervenidos a los bancos que serían privatizados. Así, se disminuyó al mínimo el costo social del proceso, se mejoró la intermediación financiera y se aprovechó la estructura existente.
El Banco Central de Reserva jugó un papel preponderante dentro de las reformas realizadas al sistema financiero en la década de los 90, especialmente en la readecuación y modernización del marco legal, que tiene primordial importancia para el desarrollo y estabilidad dell sistema.
En 1990, se comenzó a ordenar el mercado financiero aprobando la Ley de Casas de Cambio, la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la Ley de Privatización de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo y la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero..
La Ley de Casas de Cambio tiene por objetivo regular la autorización y operaciones de las casas de cambio de moneda extranjera, cuya actividad habitual es la compra y venta de moneda extranjera en billetes, giros bancarios, cheques de viajero y otros instrumentos de pago expresados en divisas, a los precios que determine la oferta y demanda del mercado. Esta Ley aún está vigente.
La Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo creó un fondo con la finalidad de adquirir los créditos y otos activos de las instituciones a sanear, participar en los aumentos de capital de esas instituciones y negociar bonos y otros títulos valores para los mismos fines. El Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero -FOSAFFI- continúa operando a la fecha.
La Ley de Privatización de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo fue aprobada con el fin de vender la totalidad de las acciones de las instituciones financieras pertenecientes al Estado y al Banco Central. Fundamentado en esta Ley, el Banco Central procedió a la privatización de los siguientes Bancos y Asociaciones: Cuscatlán, Agrícola Comercial, Salvadoreño, Desarrollo, de Comercio, Ahorromet, CASA, CREDISA y Atlacatl.
Asimismo, con el fin de fortalecer la supervisión y fiscalización de las instituciones financieras, se aprobó la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, en diciembre de 1990.
En mayo de 1991, se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los cambios radicales que trajo esta nueva ley a las funciones del Banco Central fueron: la prohibición de financiar directa o indirectamente al Estado (Art. 74); y la eliminación de la facultad para fijar el tipo de cambio y las tasas de interés, que desde entonces quedaron sujetas a las fuerzas del mercado.
En ese mismo mes fue promulgada la Ley de Bancos y Financieras que regiría a los intermediarios financieros. Esta Ley ha sufrido posteriores reformas en septiembre de 1999, donde pasó a llamarse Ley de Bancos, pues desaparece la figura de "financieras". Según el Art. 244, a partir de la vigencia de esta Ley, la Superintendencia no podrá autorizar la constitución de sociedades que operen como financieras y las que se encuentren operando como tales, se podrán convertir en bancos en un período de tres años o acogerse a las disposiciones de las sociedades de ahorro y crédito u otras entidades supervisadas por la Superintendencia. Así, Financiera Calpiá se convertirá en Banco próximamente.
La Ley del Mercado de Valores fue aprobada en abril de 1994, dando paso a la empresa Mercado de Valores de El Salvador, que asumió las funciones de bolsa de valores en el país. El objetivo de la Ley es regular la oferta pública de valores, sus transacciones, los mercados e intermediarios y a los emisores, para promover el desarrollo eficiente de los mercados y velar por los intereses del público inversionista.
En mayo de 1994, fue creado el Banco Multisectorial de Inversiones y esta nueva institución se convirtió en la responsable de otorgar créditos al sector privado, a través del sistema financiero salvadoreño, asumiendo esa función que hasta esa fecha había desempeñado el Banco Central.
2001 a la fecha El 1 de enero de 2001, entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria. Esta ley estableció que el dólar estadounidense sería moneda de curso legal en el país y estableció el cambio de ¢8.75 por un dólar. La entrada en vigencia de la Ley trajo cambios drásticos en el manejo de las cuentas por parte de los bancos. A partir de esa fecha, todas sus operaciones se denominaron en dólares americanos. También modificó las funciones del Banco Central de Reserva de El Salvador, eliminando su facultad de emisor exclusivo de billetes y monedas y, por consiguiente, de ejecutor de la política monetaria del país. Con todo este nuevo marco legal, el sistema financiero salvadoreño se ha continuado fortaleciendo en el tiempo. A finales de 2001, los bancos operando en El Salvador eran los siguientes: Cuscatlán, Agrícola, de Comercio, Salvadoreño, Promérica, Credomatic, Ahorromet, Uno, Americano, de Fomento Agropecuario e Hipotecario; y la Financiera Calpiá. Además, operaban en el país oficinas de los bancos extranjeros Citibank N. A., y First Commercial Bank. Posteriormente, en agosto de 2002, se realizaron nuevas reformas a la Ley de Bancos, específicamente en los Arts. 7, 11, 20, 24, 33, 37, 40, 41, 45, 56, 57, 60, 72, 116, 121, 126, 133, 134, 143, 154, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 190, 197, 202, 212, 224, 241, 248 adicionándose además, los artículos 166-A, 174-A, 177-A y 241-A. En el transcurso del tiempo se registraron algunas fusiones y transformaciones en el sistema bancario; la Financiera Calpia, por ejemplo, se convirtió en Banco ProCredit. Así mismo, el Banco Salvadoreño fue adquirido por el Hong Kong Shangai Banking Corporation – HSBC. Ahorromet y posteriormente, el Banco de Comercio, fue adquirido por Scotiabank, de origen canadiense. En 2007, el Banco Agrícola fue adquirido por Bancolombia y los bancos Cuscatlán y Uno pasaron a ser parte del Citigroup de Estados Unidos, conociéndose este como Citibank de El Salvador A diciembre de 2008, los bancos que operan en El Salvador son: Banco Agrícola (propiedad de Bancolombia); Banco Citibank de El Salvador, S.A.; Banco HSBC Salvadoreño, S. A.; Scotiabank El Salvador, S. A.; Citibank N.A., Banco de América Central S.A.; Banco Promérica S.A.; Banco Procredit S.A., Banco G&T Continental El Salvador, S. A.; First Commercial Bank, Banco Hipotecario de El Salvador S.A. y Banco de Fomento Agropecuario. |
Historia de la moneda:
En la antigüedad solía medirse el valor de las cosas estableciendo un valor comparativo con respecto al objeto más codiciado del lugar. Esto hace comprensible el porqué nuestros antepasados precolombinos utilizaran el cacao como moneda, pues consideraban el chocolate como la bebida de los dioses. Si bien el trueque fue una forma de comercio que se conservó hasta el presente siglo, el uso del cacao como valor de cambio, data del auge de la civilización Maya. La unidad monetaria del cacao era el Xontle, que estaba formado por 400 almendras de cacao. Posteriormente, los españoles introdujeron en el país el uso de su moneda: el Real. Pero el cacao se siguió usando a razón de 200 almendras de cacao por un real. Las primeras monedas que circularon en nuestra tierra fueron acuñadas en España, hasta que, finalmente en 1731, se fundó la primera Casa de la Moneda en Guatemala. Sin embargo, las monedas más usadas durante la colonia fueron los llamados macacos o morlacos.  Los macacos eran piezas de plata de forma irregular, acuñadas en Perú o México, en su mayoría, que se cortaban con tenaza y tenían grabadas las columnas de Hércules con la inscripción "Plus Ultra". En grandes cantidades eran aceptadas por su peso en metal más que por su valor nominal. Los macacos se siguieron usando después de la Independencia de los países centroamericanos y el 9 de julio de 1856 se estableció su curso legal. Al mismo tiempo que los macacos, aparecieron las fichas de finca, que eran una especie de monedas fabricadas de latón. Casi todas tenían forma circular y se diferenciaban entre sí porque tenían grabado el nombre de la finca que las emitía. Estas fichas de finca eran utilizadas para pagar a los colonos por su trabajo y éstos, con las fichas, adquirían en las tiendas de la localidad, los bienes que necesitaban. Durante el período de la Federación Centroamericana, el sistema monetario colonial no cambió. Se usó el peso de plata, equivalente a 8 reales, como moneda principal, pero se acuñó la primera moneda regional, cuyo objetivo fue conmemorar la Independencia. Los primeros cambios ocurrieron después, cuando el Gobierno decretó la acuñación de una moneda nacional en oro y plata. Las piezas de plata tenían una "R" que significaba "Real" y las de oro una "E" por Escudo. En 1883, bajo la presidencia del doctor Rafael Zaldívar, se decretó la Primera Ley Monetaria, adoptándose el Peso como unidad monetaria y se descartó el sistema español de división del Peso en 8 reales, estableciéndose por ley el sistema métrico decimal, donde el peso equivalía a 10 reales. A fines del siglo XIX, aparecen los primeros billetes de banco en El Salvador. Estos pasaron a jugar un papel importante como instrumento de cambio, como unidad de medida del valor de los bienes y como elemento de ahorro. La emisión de los billetes estaba a cargo de bancos particulares autorizados por el Gobierno.  Los primeros billetes salvadoreños fueron emitidos por el Banco Internacional, fundado en 1880. A este banco le fue otorgado el derecho exclusivo de emitir billetes que debían ser recibidos en oficinas públicas. Después, se autorizaron otros dos bancos de emisión: el Banco Occidental y el Banco Agrícola Comercial. El 28 de agosto de 1892, durante la presidencia del General Carlos Ezeta, se inauguró la Casa de la Moneda. Además, el 1 de octubre del mismo año, como homenaje a Cristóbal Colón, en el IV Centenario del Descubrimiento de América, el Poder Legislativo reformó la Ley Monetaria de 1883, cambiando el nombre de nuestra unidad monetaria de Peso a Colón. Se decretó que su valor con respecto al dólar fuera de ¢2.00 por US$1.00. En 1919 se decretó la Segunda Ley Monetaria que estipulaba que las monedas desgastadas por el manejo diario serían retiradas de la circulación y las piezas recortadas o perforadas no serían de curso legal. Además, quedaba prohibido usar fichas, vales, etc., en sustitución de la moneda. Esta contravención sería penada por la ley. Asimismo, definía que el Ministerio de Hacienda tendría el control de la circulación monetaria. El Salvador vivió una época de prosperidad económica en la década de 1920 a 1930. Pero después, la depresión mundial, la caída de los precios internacionales del café y la falta de control en el sistema monetario, traerían como consecuencia la mayor crisis económica de El Salvador. El país no tenía una institución que técnicamente se dedicara a velar por que la moneda mantuviera su valor y a cuidar de las actividades que realizaban los bancos. Por esta razón, el Gobierno contrató un experto inglés llamado Frederick Francis Joseph Powell, para que analizara la estructura bancaria del país. El Sr. Powell en su informe, concluyó que el sistema bancario debería organizarse con un banco central dentro del sistema tradicional, con funciones de mantener y resguardar la moneda y el crédito y de emitir billetes, teniendo como uno de sus objetivos asegurar el valor externo del Colón, que era la moneda nacional. Fue así como el 19 de junio de 1934, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación del Banco Central de Reserva de El Salvador, institución que tendría como principal objetivo, controlar el volumen del crédito y la demanda de moneda circulante y la facultad exclusiva de emitir billetes. A partir de su creación, el Banco Central de Reserva fue el único que emitió billetes. El 31 de agosto de 1934, el Banco Central de Reserva de El Salvador, puso en circulación la primera familia de billetes en la historia de El Salvador, en las denominaciones de uno, cinco, diez, veinticinco y cien colones. A esta familia se le añadió el billete de dos colones, en 1955, y el de cincuenta colones, en 1979. Estos billetes se fueron modificando por separado, cambiando un poco su diseño o desapareciendo en algunas denominaciones y apareciendo otras nuevas, pero no se volvió a emitir una nueva familia de billetes completa, sino hasta en 1997. Con esta nueva familia se introdujo el billete de doscientos colones. A partir del 1 de enero de 2001, con la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria -LIM-, se autoriza, además, como moneda de curso legal en El Salvador, el dólar de Estados Unidos de América en el artículo 3 de dicha Ley. Establece la libre circulación de ambas monedas, el dólar y el colón, en los artículos 3 y 5 y estipula el cambio de ocho colones setenta y cinco centavos por un dólar en el artículo 1. Han transcurrido más de 500 años desde que nuestros antepasados usaban el cacao como su moneda, como su manera de medir el precio de las cosas. La evolución del sistema monetario salvadoreño ha caminado, durante todos estos años, a la par de la transformación de nuestra economía, de nuestra sociedad y de la manera de ver el mundo que hemos tenido en las diferentes etapas de nuestra historia. Hoy, los salvadoreños nos estamos modernizando para avanzar junto con el resto del mundo, hacia nuevos niveles de desarrollo humano y progreso en todos los campos de la vida. |
